La protesta de una flautista que denunció públicamente los impagos de la Unió Musical Valladina en plena Entrada de Bandas de Sax no solo ha destapado una cascada de afectados involucrados en casos similares, sino que ha aflorado los conflictos latentes de un sector en silenciosa ebullición. Algunas sociedades musicales han aprovechado el incidente para expresar su malestar por la proliferación de formaciones de «bajo coste» que «revientan los precios» de los contratos con las comparsas y comisiones falleras. Como mar de fondo de todo el embrollo: la falta de regulación de una economía sumergida que mueve millones de euros en la C. Valenciana.La UM Aranya de Albaida ya abrió el espinoso debate en 2013, cuando decidió prohibir a sus músicos tocar con otras bandas y orquestas no federadas sin permiso de la junta directiva. El objetivo: «salvaguardar los intereses de las sociedades musicales» frente a la «competencia desleal» de algunos grupos «que no están sujetos a ninguna norma ni obligación». La banda ya ha expulsado a dos miembros por incumplir el acuerdo. «No podemos permitir los ataques desleales y puramente mercantilistas de los cada vez más numerosos grupos incontrolados de aquellos que se llaman músicos bajo la única bandera del mercenariado y el ánimo de lucro. Es hora de abrir frentes: por nuestro futuro, por nuestra huella identitaria y por nuestra dignidad». Así, apelando a la unidad, cerraba la formación un comunicado que fue trasladado a la asamblea de la Federación de Sociedades Musicales celebrada en Algemesí.
El presidente de l’Aranya, Josep Bodí, advierte de la necesidad de parar los pies a los «mercenarios» que se dedican a «comerciar con los músicos y a explotarlos, no pagándoles o pagándoles más barato» respecto a los precios acordados con las filaes o las fallas. «Todos piden a la Federación que actúe, pero son las propias juntas directivas de las sociedades las que tienen competencias para ello y la mayoría no ha hecho nada», lamenta Bodí, para quien estas cuestiones «han de regularse en casa». A la hora de repartir culpas, el directivo no exime ni a los músicos que se adhieren a estas bandas ni a los colectivos que las contratan, a cambio de cantidades inasumibles para la mayoría de entidades.
La Valladina es una formación federada con una dilatada trayectoria. En sus salidas, se nutre de músicos itinerantes de toda la geografía valenciana sin un vínculo especial con la sociedad. A tenor de los múltiples testimonios recabados por este diario, en los últimos años esta Unió Musical ha alcanzado un ritmo frenético de contratos en los pueblos gracias a sus precios económicos. Pero enrolarse en la Valladina suele ser sinónimo de sufrir para cobrar. «Conseguimos que nos pagaran después de muchas discusiones y de amenazarles con una protesta. Tuve que enseñar mi cuentas bancarias porque incluso me acusaron de quedarme el dinero», relata Yvonee, una damnificada. «Yo había oído a gente que le debían dinero, pero quise probar porque es una banda que salía mucho a tocar. Fui dos veces con ellos y, después de mucho insistir, me pagaron la primera. La segunda aún estoy esperando, desde julio», cuenta Pablo, otro afectado.
Músicos «desprotegidos»
Los músicos, que en muchas ocasiones se ven atrapados por sus estrecheces económicas (cuando no terminan desistiendo de reclamar) observan con impotencia su «desprotección» frente a estas situaciones, porque los pagos se efectúan «en negro», una realidad consustancial al sector que, para Bodí, constituye el verdadero problema de fondo. «Hacienda va estrechando cada vez más más el círculo y esto le puede explotar en las manos», advierte. Mientras tanto, según el directivo, los intentos de articular una regulación «cuestan mucho de arrancar» en el seno de la Federación. Otro presidente de banda que prefiere el anonimato insta a las comparsas y comisiones a no contratar a aquellas formaciones musicales que exhiben prácticas dudosas para poner fin a su «impunidad» y porque«perjudican a las bandas más humildes»
