Hace tiempo que el sentido común brilla por su ausencia en la gestión de la educación musical de nivel superior. Pongamos por ejemplo al alumno que ha terminado sus estudios de superior. Lo más habitual es que se haya tenido que amoldar a un profesor de especialidad diferente cada año, lo cual, como ustedes podrán imaginar, resulta antipedagógico, además de una barbaridad.

¿Cómo se ha llegado a este despropósito? Los motivos son varios: los múltiples traslados de profesores propios del cuerpo de funcionarios, las inevitables comisiones de servicio, los accesos a cátedra – que darán mucho qué hablar -, las oposiciones, y las consiguientes repercusiones en las listas de interinos… Por si esto fuera poco, los centros no pueden contratar a profesores-eminencias ¡porque no tienen el C1 de valenciano o les falta la capacitació! ¿Alguien nos puede explicar la necesidad del idioma para poder tocar el violín en el espacio europeo? ¿Acaso no es la música un lenguaje universal? Una vez más, el mayor perjudicado es siempre el alumnado.

Para rematar, los conservatorios, aun NO siendo Universidad, SÍ son parte del Espacio Superior de Educación Europeo, dentro del nivel 2 del MECES, y pueden recibir y mandar alumnos y profesores a otros centros. Y lo han logrado sin la ayuda, o más bien, a pesar de la administración, que no sólo no ha dotado a los centros del mínimo imprescindible en infraestructuras y recursos, sino que encima ha puesto todas las trabas posibles para que los profesores no pudieran pedir permisos para su movilidad educativa o interpretativa. ¡Como si el profesor no quisiera cumplir con su obligación docente y se fuera a hacer turismo! El profesor cumple, estudia, y ADEMÁS «se mueve» (movilidad educativa) para enseñar y/o tocar. Denegar pues los permisos a los profesores para dar conciertos es negarnos la posibilidad, a los educandos, de mejorar con ellos y aprender realmente nuestro oficio. Es muy sencillo: si alguien no cumple con sus clases, que lo sancionen, pero ser profesor y además intérprete por el mundo no es delito ni es hacer turismo, es elevar el prestigio del centro y alcanzar la excelencia en la educación musical. Así pues, por favor, busquen la fórmula jurídica de una vez que permita conciliar la docencia con el ejercicio activo de la profesión de músico.

Y ya la guinda del pastel es la grave situación que atraviesan los másteres de los Conservatorios, a punto de desaparecer porque el gobierno local, que se embolsa los 2500 euros que paga cada alumno para hacer el máster, los mete en la caja común, pero el ISEACV no invierte nada contratando nuevos profesores ni dotándolos de material. Por lo cual el AVAP, organismo de la Conselleria que revisa los másteres, deniega a los centros los permisos para impartirlos dado que no reúnen los requisitos mínimos: bibliotecas, fonotecas, nuevas tecnologías, instrumental en condiciones, etc. La pescadilla que se muerde la cola, ya que es la propia administración la que debería haber hecho algo para evitarlo. Pero, una vez más, el ISEACV lleva años haciendo oídos sordos a nuestras innumerables quejas.

Así está la situación, señores. Los alumnos que terminen su carrera el año que viene no sé con quién pondrán en su Curriculum que han estudiado porque necesitarán tres folios para nombrar a todos sus profesores. O en realidad pondrán uno, el del centro privado al que hayan decidido apuntarse para acabar o hacer un máster; ya que los alumnos que no pueden irse fuera se van a los centros privados buscando calidad educativa y sobre todo estabilidad.

Y rizando el rizo, la universidad y los conservatorios privados ofrecen un flamante Grado en Música mientras que los conservatorios públicos se conforman con una triste marca blanca llamada «Título Superior en Música», nomenclatura inexistente en todo el marco europeo, única en su especie y, por tanto, en vías de extinción. ¡Pasen y vean!